Corte Suprema ratifica prohibición de agroquímicos a 1000 metros de Sastre y sienta precedente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado la polémica decisión que prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de 1000 metros de las zonas urbanas en el municipio santafesino de Sastre y Ortiz. Este fallo, que llega tras más de dos años de proceso, confirma la sentencia previa que establecía esta franja de exclusión, además de una prohibición a 3000 metros para aplicaciones aéreas.

El caso se originó a raíz de un amparo colectivo presentado por vecinos, impulsado por el caso de una niña con tratamiento oncológico. Inicialmente, un juez de San Jorge había fijado límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y 1500 para aéreas. Posteriormente, un juez de Rafaela ratificó la prohibición a 1000 metros terrestres y 3000 aéreas, basándose en el "principio precautorio". Este principio legal exige la adopción de medidas protectoras ante un riesgo grave o irreversible para el ambiente o la salud, incluso en ausencia de certeza científica absoluta.

A pesar de los intentos del municipio y asociaciones de productores por revertir la medida, incluyendo recursos de inconstitucionalidad ante la justicia provincial, la decisión se mantuvo firme. Finalmente, la Corte Suprema, si bien no fijó una doctrina explícita, desestimó el recurso extraordinario presentado por el municipio al considerar que no cumplía con los requisitos de fundamentación. La decisión de la Corte, firmada por dos de sus miembros, sienta un importante antecedente para futuros litigios ambientales en Argentina, especialmente en zonas productivas como la región pampeana.

Este fallo tiene implicancias directas para la producción agropecuaria en Santa Fe y podría ser invocado en otras jurisdicciones que enfrenten reclamos similares. La aplicación del "principio precautorio" ante la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos se consolida como una herramienta judicial poderosa. El caso de Sastre y Ortiz se convierte así en un referente para la resolución de conflictos entre la actividad productiva y la protección de la salud y el ambiente.