El RIGI y la "extradición" de la justicia: ¿Soberanía en jaque o el costo de la confianza?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido como motor de la economía argentina para 2026, introduce una cláusula fundamental que genera debate jurídico: la prórroga de jurisdicción. En lugar de que los conflictos derivados de estos megaproyectos sean resueltos por la justicia argentina, se recurrirá a tribunales arbitrales internacionales como el CIADI. Esta disposición, que implica una cesión de soberanía jurisdiccional, se presenta como una respuesta directa al denominado "riesgo regulatorio", es decir, la aprensión de los grandes inversores ante la posibilidad de cambios impositivos o la lentitud y la posible politización de la justicia local para tutelar contratos de larga duración.

La implementación del RIGI, que ya cuenta con la adhesión de 17 provincias, impactará significativamente en el federalismo argentino. Los estados provinciales, dueños legítimos de los recursos naturales que impulsan estos proyectos (minería, energía, infraestructura), verán sus fueros contencioso-administrativos limitados en competencia ante disputas de alto calibre con corporaciones transnacionales. La resolución de estos conflictos migrará a sedes internacionales como Washington, París o Ginebra, configurando un escenario donde el federalismo cede parte de su autonomía en pos de atraer capitales y dinamizar la economía.

Desde una perspectiva jurídica, la arquitectura del RIGI plantea una lección estructural para la República: la seguridad jurídica, entendida como la previsibilidad de los remedios judiciales, se busca blindar mediante el arbitraje internacional. Si bien esta herramienta puede ser pragmática a corto plazo para atraer inversiones, evidencia una debilidad persistente en el sistema judicial argentino. La confianza de los inversores extranjeros en la justicia local, que a menudo se percibe como sujeta a urgencias presupuestarias o vaivenes políticos, es un factor clave. La verdadera reforma estructural, según el análisis, comenzará cuando la justicia argentina, tanto a nivel nacional como provincial, logre ser previsible, despolitizada y operar con tiempos compatibles con el desarrollo moderno, eliminando la necesidad de "exportar" soberanía judicial para importar inversiones.