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Privatización de rutas: 17 empresas compiten por 2.500 km en una licitación clave
Se abrieron los sobres de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, licitando 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. La iniciativa, que busca inversión privada en infraestructura, atrajo a históricos contratistas de obra pública y nuevos jugadores.
- 17 oferentes compiten por 2.500 km de rutas nacionales.
- Históricos contratistas y nuevas firmas participan en licitación.
- Se busca inversión privada y eliminar subsidios estatales.
- Impacto en empleo y reactivación de obra pública.
El Gobierno argentino dio un nuevo paso en el plan de privatización de la red vial con la apertura de sobres para la licitación de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. Esta iniciativa, parte de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, atrajo 41 ofertas de 17 competidores, entre los que se destacan "pesos pesados" de la obra pública y firmas con vínculos a la causa "Cuadernos". El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la licitación en su cuenta de X, destacando que se avanza "con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada". Se espera que esta licitación, junto a otras previstas para 2026 que suman 9.000 kilómetros, impulse la economía y reactive el empleo en el sector de la construcción, que ha sufrido una pérdida de 120.000 puestos de trabajo.
Entre los oferentes se encuentran empresas con larga trayectoria en infraestructura como Autovía Construcciones y Servicios (ACS), vinculada a la familia Cartellone; Roggio y José J. Chediack, este último líder de una influyente constructora; Panedile, de Hugo Dragonetti, con fuerte presencia en San Juan; Rovella Carranza, con experiencia en infraestructura vial y peajes provinciales; y CPC, la constructora del Grupo Indalo de Cristóbal López. También compiten empresas lideradas por familias con peso en sus provincias, como Vial Agro S.A. (Quantín), Luciano S.A. (Luciano), Rovial S.A., y el consorcio Bassa-Cecosa.
La licitación se realizó a través de la plataforma Contrat.Ar, y las ofertas se presentaron en dos sobres: uno técnico, centrado en la calidad de los oferentes, y otro económico, que incluye la propuesta de tarifa de peaje, aunque esta última no es obligatoria en esta etapa. La comisión evaluadora deberá analizar primero los aspectos técnicos antes de proceder a la apertura de las ofertas económicas. La medida busca revertir el deterioro de rutas críticas, como la 33, que han sufrido por el recorte del gasto en obra pública.
Para la región de Rosario y su área de influencia, la privatización de corredores viales como la Ruta 9, 33 y A-008 podría significar una mejora en la conectividad y la logística para el sector agroexportador, facilitando el transporte de granos y otros productos. La inversión privada en infraestructura vial es clave para mantener la competitividad de la cadena de valor. Sin embargo, el impacto en las tarifas de peaje será un factor a vigilar de cerca por parte de los transportistas y productores de la zona.
La privatización de 2.500 kilómetros de rutas nacionales representa una oportunidad de inversión privada en infraestructura clave para la logística y el transporte en Argentina. Los inversores deben seguir de cerca la evolución de las ofertas económicas y la calidad de los proyectos presentados por las empresas. La reactivación del sector de la construcción y el impacto en las tarifas de peaje serán factores determinantes para la economía regional y nacional.
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