¿RIGI sí o RIGI no? Dos expertos debaten la herramienta estrella de Milei para atraer inversiones

La reciente ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta ha desatado un debate entre economistas sobre su verdadera necesidad y el costo fiscal que implica. Expertos como Juan Carlos Hallak y Daiana Fernández Molero exponen visiones contrapuestas sobre la efectividad de estas exenciones tributarias y beneficios fiscales para atraer desembolsos.

Hallak argumenta que la elasticidad de la inversión a los beneficios fiscales es baja, sugiriendo que la estabilidad económica y la certeza de las reglas de juego son factores más determinantes para atraer capitales. Cuestiona si las inversiones anunciadas en Vaca Muerta, que ya mostraban un crecimiento proyectado, realmente requieren de los incentivos fiscales del RIGI, o si se habrían concretado de igual forma. Señala que las exenciones tienen un costo fiscal que solo se justifica si generan inversión adicional y compensan esa pérdida con mayor actividad económica.

Por su parte, Fernández Molero defiende el RIGI, destacando que ha proporcionado una estabilidad tributaria y acceso al mercado de cambios que Argentina no ofrecía en décadas. Sostiene que el régimen fomenta un desarrollo productivo federal, reduciendo las asimetrías entre provincias y generando oportunidades económicas que de otra manera no existirían. La diputada considera que, sin el RIGI, las inversiones anunciadas en sectores como la minería y la energía no se materializarían.

La discusión se centra en discernir qué parte de las inversiones son genuinamente incrementales gracias al RIGI y cuáles se habrían realizado igualmente. La preocupación radica en el potencial deterioro de la recaudación tributaria a medida que una porción creciente de la economía opera bajo este régimen, especialmente si los beneficios se otorgan a actividades que ya estaban en marcha o con un alto grado de certidumbre para su desarrollo. El impacto en la economía de Rosario y la región podría ser significativo si estos grandes proyectos energéticos y mineros se concretan, generando empleo y demanda de servicios locales, pero también planteando interrogantes sobre la distribución equitativa de los beneficios fiscales a largo plazo.