Brasil activa ley de reciprocidad contra aranceles de EE.UU. y apunta a la familia Bolsonaro

El gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado la activación inmediata de su ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por la administración de Donald Trump a productos brasileños. La Presidencia brasileña calificó la medida estadounidense como "un hito lamentable" en la relación bilateral, rechazando la justificación de "políticas irrazonables" citadas por Estados Unidos, como el sistema de pagos PIX, leyes anticorrupción y protección de propiedad intelectual.

Brasil argumenta que no existe justificación para tales medidas unilaterales, destacando un superávit comercial acumulado de 424.500 millones de dólares a favor de Estados Unidos en los últimos 15 años. Además, señaló que un 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil sin aranceles en 2025, con un gravamen medio real del 3,1%. El gobierno de Lula enfatizó que ha buscado la negociación y presentado pruebas refutando las acusaciones de prácticas comerciales desleales.

Un aspecto central de la noticia es la atribución de la responsabilidad de esta situación a la familia del ex presidente Jair Bolsonaro. El comunicado oficial sugiere que el desenlace de las investigaciones estadounidenses, basadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, contó con la "activa colaboración" de la familia Bolsonaro, a quienes calificó de "falsos patriotas" con objetivos electorales. Esta acusación se produce en un contexto preelectoral, donde Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, se enfrentará a Lula en las próximas elecciones presidenciales.

La activación de la ley de reciprocidad por parte de Brasil podría tener implicaciones significativas para el comercio bilateral. Si bien la noticia se centra en la disputa entre ambos países, es importante considerar el impacto potencial en otros socios comerciales de Brasil, incluyendo a Argentina. Cualquier medida de represalia o ajuste en las políticas comerciales de Brasil podría generar efectos indirectos en las cadenas de suministro y en los flujos de inversión en la región, especialmente en sectores como el agroindustrial, donde Argentina y Brasil son actores clave. La decisión de llevar el caso nuevamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) abre un canal para una posible resolución multilateral, aunque los tiempos de estos procesos suelen ser extensos.